El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido supuestamente de forma "ilegal" en la región oriental de Santa Cruz por motivos que por ahora se desconocen, informó el miércoles (30.09.2026) el Ministerio Público, que también denunció una intervención policial en su sede en la ciudad sureña de Sucre, capital constitucional del país.
Un funcionario de la Fiscalía denunció en una transmisión en vivo desde Sucre el "secuestro" de Mariaca, después de que medios locales informasen que el fiscal fue aprehendido en el aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, por causas que por el momento no han sido informadas.
La Asamblea Legislativa de Bolivia ha anunciado que sesionará el próximo 5 de octubre para analizar la posible formación de una comisión, que investigue las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra altos cargos y exfuncionarios a los que ese país revocó el visado, entre ellos el fiscal Mariaca.
El Parlamento, a través de la Cancillería, envió "notas" al Departamento de Estado "para que EE.UU. remita los antecedentes" de los casos de Mariaca y "de todas las autoridades que figuran en esa lista" de personas a las que les fue revocado el visado.
El lunes pasado, el gobierno de Donald Trump revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se menciona a trece funcionarios y exfuncionarios, incluido el fiscal general, y un empresario.
El gobierno estadounidense señaló que las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".
El Ejecutivo boliviano calificó el lunes de "graves" estas acusaciones y anunció que pedirá a EE.UU. la información correspondiente para que haya "un proceso de investigación a fondo" en Bolivia y que las personas mencionadas por el Departamento de Estado respondan ante la justicia.
gs (efe, afp)
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