Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El Senado mexicano aprobó una serie de modificaciones legales que dan pie a la denominada 'Ley Antimemes', que contempla hasta 60 meses de cárcel y multas superiores a 55.300 dólares para quienes utilicen de manera indebida símbolos de la identidad oficial del Gobierno federal.
La reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fue aprobada con 72 votos a favor y 34 en contra, en un contexto de tensión entre el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los grupos opositores que consideran la medida como un ataque a la libertad de expresión en el país.
De acuerdo con los parlamentarios, este cambio en el artículo 403 Bis busca castigar a quienes utilicen, copien o reproduzcan a escala comercial elementos de la identidad gráfica de instituciones públicas del gobierno para inducir al error o engaño con la intención de cometer un delito.
Bajo este contexto, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, aclaró que esta ley "no es un intento para evitar y sancionar la crítica prohibiendo la sátira", una postura que la oposición cuestionó al defender que la crítica al Gobierno de México podría ser objeto de castigo penal.
Aunque el citado artículo no determina una sanción directa por crear o publicar un 'meme' contra las instituciones gubernamentales, sí contempla sanciones cuando se induzca a cometer un ilícito, especialmente si se pretende suplantar la identidad oficial del Gobierno mexicano, ya sea mediante un documento, plataforma, servicio o sistema informático.
Por su parte, la senadora Guadalupe Murguía, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que la redacción del artículo, que establece "un nuevo tipo penal", presenta "ambigüedad" y "vaguedad", ya que no define con claridad en qué consiste el delito.
La reforma, que fue remitida a la Cámara de Diputados, también contempla un nuevo delito, con penas de cuatro a diez años de prisión para quienes, sin la debida autorización, difundan o publiquen obras, videogramas, fonogramas o libros antes de su lanzamiento oficial, con el objetivo de combatir la piratería en el país.
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