Quito, 27 sep (EFE).- Representantes de organizaciones sociales de Ecuador se movilizaron este domingo en Quito a favor de la despenalización del aborto, así como por la justicia sexual, reproductiva y social.
La movilización, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto libre, legal, seguro y gratuito, que se conmemora el 28 de septiembre, reunió a unas 200 personas.
"Estamos organizadas por tener autonomía, dignidad y proteger nuestro propio cuerpo porque es de nosotros y de nadie más", dijo a EFE Carla Montalvo, del colectivo Tremendas Ecuador, antes de pedir al Gobierno "justicia y equidad".
De su lado, Verónica Vera, del movimiento Justa Libertad, dijo a EFE que el aborto es "una realidad" y ocurre en la clandestinidad por lo que buscan su "despenalización tanto social como legal" pues la "cárcel no es la respuesta frente a los abortos"
Los organizadores de la movilización recordaron que en Ecuador las mujeres que abortan podrían ir a la cárcel entre seis meses a dos años y subrayaron que el "artículo que penaliza el aborto data de hace casi dos siglos, es una ley caduca que no responde a la realidad del país".
El número total de abortos que se producen en la clandestinidad no se puede ni siquiera determinar por la ilegalidad, pero usando las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "en el año 2022, cada hora en Ecuador siete personas abortaron", anotaron en un comunicado.
Los organizadores de la marcha indicaron que se movilizan para que no les arrebaten "las conquistas históricas que las organizaciones sociales y los feminismos han logrado".
"Hace algunos años hemos logrado avanzar en el aborto para sobrevivientes y víctimas de violación, ahora lo que nos hace falta es avanzar en el aborto por libre decisión", dijo Vera.
En Ecuador, el aborto solo es legal cuando supone un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación es producto de una violación. En este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acogerse a este derecho hasta las doce semanas de embarazo.
Cinco años después de la despenalización del aborto en casos de violación, los registros oficiales no permiten determinar cuántas mujeres han accedido efectivamente a este procedimiento, según un informe que advierte de datos incompletos y dificultades para seguir los casos desde la solicitud hasta su resolución.
"Es un registro que sigue siendo impreciso y que no recoge la totalidad del acceso que puede haber en el país", dijo recientemente a EFE Liudmila Morales, profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Ecuador y quien presentó el informe 'Interrupción voluntaria del embarazo por violación: ¿Cómo ha respondido el sistema de salud ecuatoriano?'.
Las autoras utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Ministerio de Salud (MSP) para intentar reconstruir la respuesta institucional a la implementación del marco normativo y operativo del aborto por violación, aunque los registros están incompletos, pese a que la ley que regula el acceso al procedimiento, aprobada en 2022, y sus lineamientos (2023), establecieron obligaciones concretas sobre este tema.
(c) Agencia EFE