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Ciudad de México, 9 oct (EFE).- La organización Abogados Cristianos Hispanoamérica lanzó este viernes una campaña de recolección de firmas contra la legalización de la eutanasia en México y exige a las autoridades que den prioridad a una legislación integral sobre cuidados paliativos.
La iniciativa surge en respuesta al reciente pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que consideró que la denominada 'Ley Trasciende' sobre eutanasia resulta "compatible con la progresividad de los derechos humanos".
La presidenta de la asociación de juristas cristianos, Polonia Castellanos, insistió en que el procedimiento no constituye una alternativa digna para los enfermos al afirmar que la eutanasia "no es una solución, ni dota de dignidad al que está sufriendo".
Ante esta postura de la CNDH, Castellanos hizo un llamado a las autoridades mexicanas para priorizar el acompañamiento de los pacientes y garantizar la atención médica hasta el final natural de la vida.
"No podemos permitir que un gobierno, ni ningún organismo prive de garantías de salud a nadie. No podemos permitir que ningún enfermo sea abandonado por falta de recursos, desesperación personal o desgaste de sus familiares", declaró.
La 'Ley Trasciende' es una iniciativa que busca reformar la Ley General de Salud para despenalizar la eutanasia y regular el derecho a una muerte digna asistida en pacientes con enfermedades terminales o padecimientos crónicos e irreversibles.
El proyecto de ley plantea que las personas en etapa terminal puedan solicitar la terminación anticipada de su vida mediante auxilio médico, siempre que exista un consentimiento informado explícito y la validación de un comité de especialistas.
Dentro de sus argumentos, la asociación conservadora argumentó que la aprobación de la eutanasia ejerce presión sobre los sectores más vulnerables, altera la función médica y suele expandirse más allá de los casos terminales, por lo que instó a garantizar un "tratamiento adecuado del dolor" y respaldo a las familias cuidadoras de los pacientes.
El debate sobre la despenalización de la muerte digna cobró fuerza en la capital del país el pasado 28 de agosto, cuando decenas de pacientes, familiares y activistas marcharon hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con más de 200.000 firmas.
Tras la manifestación, obtuvieron el compromiso de la mandataria local, Clara Brugada, de priorizar la discusión en el periodo legislativo.
Actualmente la legislación mexicana autoriza la voluntad anticipada para rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida pero prohíbe la eutanasia activa, un panorama frente al cual la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló en el mes de abril que "es un tema complejo, que tiene que discutirse socialmente".
(c) Agencia EFE