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Ciudad de Panamá, 9 oct (EFE).- La normalización de la corrupción salpica en todas las esferas a la población, por medio de pequeñas acciones como atajos para acelerar la burocracia u otros escándalos a gran escala con el desvío de fondos destinados a la educación o a la sanidad pública.
Con esa reflexión el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá, el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Crime Stoppers invitan a analizar una cultura de tolerancia que afecta a la cotidianidad ciudadana, aunque parezca imperceptible, a través de la exposición 'El Juega Vivo que Pagamos Todos'.
"No solo se trata de qué es la corrupción en definición, sino de los efectos en la vida diaria de la gente. Queremos transmitir a los visitantes que los actos de corrupción no solamente son algo que queda en los periódicos", dice a EFE la directora del museo, Elvira López.
La muestra está exhibida en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, ubicado en Ciudad de Panamá, desde este viernes hasta el próximo 12 de noviembre para promover con carteles y fotografías una cultura democrática basada en la responsabilidad ciudadana, la integridad y el respeto por los derechos humanos.
El 'juega vivo'
Recoge, además, el concepto de 'juega vivo', un término panameño común para referirse a una persona que comete actos de corrupción - a pequeña y gran escala-, para acercar al ciudadano sobre cómo esas acciones cotidianas impactan directamente en las instituciones al debilitarlas.
"(La corrupción) es un impacto en la calidad de la educación por la cantidad o calidad de las escuelas que se hacen; en la calidad de vida porque se deja de invertir en infraestructura pública necesaria para que la gente viva mejor", comenta a EFE el director de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, Alejo Campos.
El costo del "juega vivo" es tangible, aunque se haya normalizado, con escuelas deterioradas, medicamentos que no llegan, obras públicas inconclusas, servicios deficientes, infraestructuras en mal estado y recursos que dejan de destinarse a atender las necesidades de la población, indica la muestra.
Denunciar, una herramienta al alcance de todos
De esta manera, según la información del museo, la exposición plantea la corrupción más allá de un problema económico o legal: es un fenómeno que afecta el ejercicio de los derechos humanos, profundiza las desigualdades y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
"La sociedad civil juega un rol no solo de generar espacios de diálogo, discusión y promover la transparencia, sino también de mecanismos que pueda tener para recurrir a la denuncia de actos que en lugar de construir y fortalecer nuestras instituciones y procesos, los debilitan", resalta a EFE la gerente de programas del IRI, Julia María Rodríguez.
La corrupción en Panamá es un problema latente con casos judiciales como Odebrecht, implicando expresidentes, y una percepción ciudadana de haberla normalizado. En concreto, el país centroamericano se sitúa en el puesto 116 de 182 países del más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
Según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –Capítulo Panameño de Transparencia Internacional–, esta calificación refleja un "retroceso preocupante" en las calificaciones internacionales de corrupción en el sector público de Panamá y la urgente necesidad de fortalecer las instituciones a través de la transparencia, la rendición de cuentas y el fin de la impunidad, entre otros aspectos.
(c) Agencia EFE