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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ordenó este jueves el relevo de dos altos mandos militares y puso a disposición de la Fiscalía a un centenar de soldados para facilitar la investigación de confusos enfrentamientos entre supuestos narcotraficantes que dejaron ocho muertos.
Los hechos, en los que murieron cuatro hombres, tres mujeres y un menor, se registraron el 27 de setiembre en la localidad de Huité, unos 130 km al este de Ciudad de Guatemala, y fueron atribuidos por autoridades a choques entre bandas rivales.
Sin embargo, denuncias anónimas en redes sociales señalaron a militares como responsables de los ataques, y también una supuesta participación de agentes antidrogas de Estados Unidos, de lo cual según Arévalo no hay indicios. El ejército niega cualquier participación.
El mandatario relevó a Giovani Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y a Erwin Constanza, comandante de la brigada de infantería de Zacapa, provincia donde ocurrieron los ataques. Según el gobierno, fueron asignados a otras funciones, pero no precisó cuáles.
El coronel retirado Miguel Barrios presentó el miércoles una denuncia por este caso ante el Ministerio Público (Fiscalía) contra el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y el jefe del Estado Mayor.
Las medidas tienen el "propósito de facilitar la investigación judicial y que se realicen todas las diligencias y peritajes necesarios", dijo el mandatario en rueda de prensa, tras aclarar que será la Fiscalía la que aclare lo sucedido.
"Estas son decisiones administrativas, no las conclusiones judiciales del caso", aclaró Arévalo.
El presidente también puso a disposición de la Fiscalía a 107 efectivos de la brigada involucrada, su armamento y equipo.
Arévalo dijo que las autoridades judiciales recibieron un informe de una comisión gubernamental creada la semana pasada para investigar si el ejército participó en los enfrentamientos.
"Guatemala merece conocer con claridad qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes son los responsables", agregó el ministro de la Defensa en la rueda de prensa.
Sáenz reconoció que los militares estuvieron en las afueras del pueblo, escucharon detonaciones y accionaron sus armas como advertencia, pero no ingresaron al lugar del incidente para evitar que escalara "la violencia y mayores riesgos".
ec/mis/cr