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Caracas, 8 oct (EFE).- La ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió este jueves ante el Palacio de Justicia en Caracas la adopción de medidas administrativas y una coordinación institucional, entre los entes que corresponda, para solucionar el retardo procesal en los casos de estos detenidos.
Los activistas, familiares de presos políticos, acudieron hasta la sede del Palacio de Justicia para entregar un documento dirigido al presidente del Circuito Judicial de la capital venezolana, John Parody, en el que piden medidas para acelerar la celebración de audiencias.
"Igualmente solicitamos que se atiendan institucionalmente las dificultades que obstaculizan la tramitación oportuna de las peticiones de libertad de ciudadanos civiles y militares", señaló a los medios Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, detenido por su presunta vinculación con la 'operación Gedeón', un intento de incursión militar a través de las costas venezolanas.
Castro señaló que son necesarias acciones para atender a presos políticos con "enfermedades graves", condiciones crónicas, discapacidades o cualquier cuadro clínico que pueda poner en riesgo la vida de estas personas.
La Alianza, prosiguió, tiene contabilizados unos 60 presos políticos con un delicado estado de salud.
La activista denunció también que hay entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas desde hace varias semanas, sin que hasta el momento los beneficiados hayan salido de las cárceles.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 322 presos políticos, de los cuales 308 son hombres, 14 mujeres. Además, 182 son civiles y 140 militares.
El martes, el abogado venezolano Eduardo Torres reportó la liberación del sindicalista Orlando Ramírez, después de haber estado detenido por un mes y sin que se conociera su paradero.
Según Torres, el sindicalista, que fue detenido luego de protestar por reivindicaciones laborales frente al Ministerio de Transporte en Caracas, se comunicó con otros compañeros para informales de que lo habían dejado en una carretera al oeste del país.
El abogado indicó entonces que acudirá a interponer una denuncia ante la Fiscalía General, ya que aseguró se trató de una detención arbitraria y desaparición forzada.
(c) Agencia EFE