El martes coincidieron dos hechos que obligan a preguntar qué saben las autoridades mexicanas sobre personas vinculadas con Morena que han sido señaladas en Estados Unidos. The New York Times publicó que dos agencias estadounidenses revisan acusaciones sobre posibles vínculos de Andrés Manuel López Obrador Beltrán (AMLOB) con el crimen organizado y el contrabando de combustibles. El diario precisa que no existe una investigación formal y que el hijo de AMLO no ha sido acusado de delito alguno. Ese mismo día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y a otras 20 personas y 25 empresas supuestamente vinculadas con la organización del narcotraficante Mayito Flaco, del Cártel de Sinaloa.
Los casos son distintos. En el de AMLOB existen revisiones preliminares de señalamientos, según cinco fuentes citadas por el Times. En el de Torres existe una acción formal de OFAC. El Tesoro lo acusa de utilizar su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de acciones gubernamentales y policiales en Baja California. Una sanción administrativa no equivale a una sentencia penal.
La diferencia también aparece en México. Después de las sanciones, la UIF bloqueó las cuentas de las personas y empresas señaladas y anunció que investigará sus operaciones. Respecto de AMLOB, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la FGR no tiene elementos para investigarlo. Su nombre aparece en documentos de investigaciones sobre huachicol fiscal, pero una mención no demuestra un delito.
El Times también anota un antecedente que amplía el problema: la acusación hecha por el fiscal federal de Nueva York contra 10 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y Enrique Inzunza, exsenador de Morena, de proteger al Cártel de Sinaloa. La FGR abrió una investigación, pero hasta ahora no ha presentado cargos contra ellos y México sigue pidiendo a EU las pruebas que sustentaron sus acusaciones.
No se trata de decidir si EU tiene razón y México no. Ambos países operan bajo leyes y estándares diferentes. OFAC puede imponer sanciones financieras sin una sentencia penal y que una agencia revise información tampoco significa que exista un caso judicial. Pero cuando desde EU aparecen revisiones, sanciones y acusaciones que involucran a personas relacionadas con Morena, la FGR y la UIF deberían explicar qué saben y qué están haciendo.
¿Conocían antes del martes la información que llevó al OFAC a sancionar a Torres y sus empresas? ¿Tenían reportes sobre sus operaciones? ¿Qué saben de los señalamientos que revisan las agencias estadounidenses sobre AMLOB? Y si poseen información, ¿consideran que no alcanza para proceder o no han investigado esos casos?
Defender la soberanía significa que ninguna autoridad extranjera puede decidir quién es culpable en México. También significa contar con instituciones capaces de investigar por sí mismas. No se trata de aceptar como ciertas las acusaciones que llegan de EU ni de rechazarlas porque vienen de allá. Se trata de saber qué conocen la FGR y la UIF, desde cuándo y qué han hecho con esa información.
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