Ciudad de México, 24 sep (EFE).– El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México informó este jueves que concedió una suspensión provisional para ordenar a la Fiscalía General de la República (FGR) recibir de inmediato las denuncias formales por desaparición presentadas por un grupo de 55 madres y familiares buscadoras que mantienen un campamento de protesta afuera de las instalaciones del organismo.
El recurso legal de amparo, interpuesto por la organización Abogados Convencionalistas de México, beneficia directamente a las familias a las que el Ministerio Público se negó a atender el pasado 9 de septiembre.
La resolución judicial instruye a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a tomar las previsiones necesarias e informar al juzgado sobre el cumplimiento de la medida en un plazo máximo de 48 horas.
El fallo responde a la movilización de diversos colectivos de búsqueda como Buscando Cuerpos, Regreso a Casa Veracruz, Guerreras Buscadoras Jalisco y Resilientes MX, cuyos integrantes se instalaron en plantón frente a la sede fiscal tras denunciar trabas burocráticas para formalizar la búsqueda de sus allegados.
El juez fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia donde se resolverá si se otorga la suspensión definitiva, mientras que la audiencia constitucional sobre el fondo de la demanda se celebrará el 16 de octubre.
Por su parte, las familias afectadas urgieron a la representación social a acatar el mandato judicial sin interponer nuevos obstáculos procesales que prolonguen la revictimización del colectivo en la vía pública.
La orden del juez se da en un contexto de creciente tensión entre los colectivos de búsqueda y la autoridad ministerial, derivada de la negativa de la FGR a recibir las denuncias por comparecencia que provocó la instalación de un campamento de protesta frente a sus instalaciones para exigir el cese de la revictimización institucional.
México vive una crisis de desapariciones con más de 130.000 personas no localizadas acumuladas en los registros oficiales, una problemática humanitaria donde la inmensa mayoría de las labores de rastreo y hallazgo recae directamente en las madres y familiares buscadoras.
Esta situación se ha agravado por la saturación de los servicios forenses, la impunidad en las investigaciones y las barreras burocráticas que las familias enfrentan a diario ante las fiscalías locales y federales para lograr que se abran las carpetas de investigación correspondientes.
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