La seguridad se ha convertido en un factor que trasciende el combate al narcotráfico y alcanza la inversión, el comercio, el transporte y la continuidad de las actividades productivas, por lo que México y Estados Unidos necesitan profundizar los mecanismos de cooperación e intercambio de inteligencia para enfrentar a organizaciones criminales que operan de manera transnacional, coincidieron participantes de la mesa Inside the New U.S.-Mexico Security Strategy: What Works and What Must Change.
Durante la 5ta Convención Binacional de la American Society of Mexico (AmSoc), exfuncionarios, empresarios y especialistas en seguridad analizaron la evolución de la relación bilateral y plantearon que las amenazas actuales requieren coordinación entre gobiernos, instituciones, sector privado y sociedad.
Chad Wolf, exsecretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, rechazó durante su intervención que la cooperación estadounidense deba interpretarse como una intención de intervenir en México.
Explicó que, desde su perspectiva, la seguridad mexicana tiene efectos directos sobre Estados Unidos y que la administración del presidente Donald Trump busca que México incremente sus capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales.
Wolf mencionó como posibles áreas de cooperación la capacitación, recursos y tecnología, incluidos sistemas aéreos no tripulados, y sostuvo que el objetivo debería ser construir capacidades sostenibles en el largo plazo.
Problemas económicos
Para Armando Zúñiga, presidente de Grupo IPS y de ASUME y vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la extorsión dejó de ser exclusivamente un problema de seguridad pública y se convirtió también en un factor económico.
"Hoy es un problema económico, un problema de competitividad, un problema de inversión es un problema dinámico de la economía", afirmó.
El empresario señaló que la extorsión representa uno de los principales delitos que afectan a las empresas y advirtió sobre una cifra negra elevada. De acuerdo con los datos mencionados durante la mesa, más de 96% de los casos de extorsión no se denuncia.
Zúñiga destacó que el sector empresarial ha participado en mesas de trabajo con organismos como el Consejo Coordinador Empresarial para analizar los obstáculos que enfrentan las compañías y promover cambios legales. Entre ellos mencionó la legislación recientemente aprobada en materia de extorsión.
Sin embargo, señaló que uno de los desafíos actuales es la aplicación de las nuevas disposiciones en las entidades federativas. A ello se suma, dijo, la necesidad de generar condiciones para que las víctimas tengan confianza en las autoridades y puedan denunciar sin exponerse a mayores riesgos.
Simón Vargas Aguilar, exfuncionario encargado de la política antidrogas en México, sostuvo que la evolución del crimen organizado durante las últimas cuatro décadas ha ampliado el impacto de la inseguridad sobre las actividades económicas.
Maricela Morales Ibáñez, exprocuradora General de la República, sostuvo que una estrategia bilateral de seguridad debe construirse con acuerdos, reglas claras y respeto al marco jurídico y a los derechos humanos.
"La delincuencia organizada traspasa fronteras y la colaboración también debe hacerlo", afirmó.