Venezuela regresó a la Asamblea General de la Naciones Unidas por primera vez desde 2018, a través de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta al momento de la extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero y mandataria encargada desde entonces.
Rodríguez pronunció un discurso de 18 minutos en el que las omisiones pesaron tanto como los temas que sí tocó.
Comenzó expresando su gratitud hacia el presidente estadounidense Donald Trump "por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación", defendió la conveniencia del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas y prometió un proceso electoral para completar el periodo.
Fue un pronunciamiento dirigido a celebrar la retoma de lazos internacionales y poner de relieve el proceso de reconstrucción que atraviesa su país tras "dos grandes y dolorosas pruebas".
La primera de ellas la definió como "el estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con Estados Unidos", única referencia, aunque tangencial, a la captura de Maduro el 3 de enero en una operación militar.
Como la segunda prueba identificó al doble terremoto del 24 de junio, por el cual su país "hoy sabe lo que es levantar a sus hijos de entre los escombros".
Rodríguez defendió el acuerdo petrolero alcanzado entre su Gobierno y el de Estados Unidos, al que se refirió como "uno de los más grandes jamás suscritos y que contribuirá al equilibrio energético del hemisferio".
Lo hizo después de criticar que "promover cronogramas de descarbonización forzados es una amenaza directa a la seguridad alimentaria, el empleo, la producción", un alineamiento velado con el discurso de Trump en defensa del uso de energías fósiles.
Luego, sin embargo, aseguró que su gestión cree "en el respeto a los derechos de la naturaleza como única vía de consagración de la vida humana".
Rodríguez también se refirió a la demanda electoral en la que coincidieron ante la ONU un antiguo aliado de la llamada Revolución Bolivariana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y el conservador presidente de Paraguay Santiago Peña.
"Quiero decirlo muy claro: en Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición", afirmó, agregando que las conversaciones buscan llegar al proceso "en igualdad de condiciones para todos".
No sugirió un cronograma ni plazos para llegar a la vía electoral, a pesar de que, constitucionalmente, su mandato solo se justificaba hasta julio pasado, pero insistió en que habrá garantías para "todas las fuerzas políticas".
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De hecho, hizo la salvedad de que "la democracia no se mide por la existencia de elecciones", para luego aclarar que "se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables".
Los principales partidos de oposición y la figura fundamental de esa oposición, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se encuentran inhabilitados para participar en elecciones, por decisiones del Tribunal Supremo dominado por el oficialismo.
A pesar de que la Constitución señala que la presidencia interina no puede extenderse más allá de 180 días, Rodríguez precisó que será "el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral" el que "determinará el momento correcto, y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente".
Indirectamente, supeditó el proceso electoral al levantamiento total de las sanciones que aún pesan sobre Venezuela, al afirmar que ese proceso debe darse en "un país que no esté sometido a restricciones económicas de ningún tipo para que se garantice su derecho al desarrollo".
La presidenta encargada hizo un llamado a Guyana a "volver a las negociaciones tal como lo ordena el Acuerdo de Ginebra", en referencia al diferendo que los dos países mantienen en torno al Esequibo, una rica región que constituye tres cuartas partes del territorio guyanés y que Venezuela reclama como propio.
Rodríguez mencionó al héroe de la independencia Simón Bolívar para cerrar, pero no nombró ni una sola vez al fallecido presidente Hugo Chávez, ni al sucesor de éste Nicolás Maduro, detenido en Nueva York, a escasos 17 kilómetros de la sede de la ONU.
Tampoco hizo ni una sola mención a las ideas progresistas que hasta el 3 de enero eran profusamente citadas en los discursos oficiales del Gobierno autodenominado socialista del que formó parte.
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Apenas se refirió de forma indirecta a la diáspora de cerca de ocho millones de personas que salieron de Venezuela huyendo de lo que varias agencias de la ONU han descrito como una crisis humanitaria compleja.
"A los jóvenes, que han crecido viendo un país fracturado y que muchas veces decidieron partir buscando lo que aquí no encontraban: les digo que vale la pena creer de nuevo. Este es el momento de construir el país al que muchos quieran regresar, y no solamente aquel del que muchos quisieron huir", señaló, al comentar el proceso de transición institucional y reconstrucción que encabeza.
Con EFE