Colombia tenía hasta la semana pasada una posibilidad inédita: conseguir, por primera vez en su historia, un cupo de una magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el Gobierno habría retirado la candidatura de Carolina Olarte Bácares el jueves pasado.
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La exembajadora de Colombia en los Países Bajos aseguró que desconoce las razones por las que el Ejecutivo tomó la decisión. Dijo a La Silla Vacía que esa medida "trunca el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad".
La jurista había sido postulada durante el gobierno Petro. Su candidatura avanzó en un proceso en el que competía con aspirantes de países como Ghana, Malaui, Dinamarca, Ucrania, Suiza, Uganda, Kenia, España, Senegal, Gambia y Japón.
De acuerdo con un documento del 5 de agosto del proceso de selección, el comité encargado de evaluar a los candidatos consideró que Olarte estaba "altamente calificada" para ser nombrada jueza de la Corte Penal Internacional.
La valoración tuvo en cuenta su experiencia profesional, el material escrito presentado y su desempeño durante la entrevista, y la ubicó junto con otros tres aspirantes en el grupo con mayor calificación.
En diciembre de este año, el tribunal deberá escoger a seis magistrados nuevos que hagan parte del tribunal internacional.
Olarte aseguró que su candidatura estaba prevista para continuar pese al cambio de Gobierno, pues le habían manifestado que se trataba de una candidatura del Estado.
Estados Unidos le pidió a países del Escudo de las Américas retirarse de este tribunal internacional. De hecho, se conoció que el país norteamericano prepara sanciones económicas para la CPI.
El retiro de la candidatura se conoce mientras también circulan versiones sobre un eventual cambio en la relación de Colombia con la Corte Penal Internacional.
Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella habló de sacar a Colombia de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del sistema interamericano de derechos humanos. Su estratega, Carlos Suárez, incluso se refirió a esos sistemas como "dinosaurios inservibles".
Sin embargo, el entonces candidato no se refirió específicamente a la Corte Penal Internacional, que es un organismo de otra naturaleza.
Pero a mediados de agosto, Caracol Radio reveló que fuentes consultadas en La Haya daban por segura la salida de Colombia de la CPI. Según esa versión, el país estaría encaminado a denunciar el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual Colombia reconoció su jurisdicción.
Pero la Cancillería, hasta ahora, no ha comunicado nada formalmente sobre ese tema.
La Corte Penal Internacional es un tribunal independiente y permanente que juzga a personas acusadas de los crímenes más graves a nivel mundial. La CPI procesa a individuos y no a naciones.
Su competencia incluye cuatro delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
La Corte se rige por el Estatuto de Roma, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Y, en teoría, actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no tienen la voluntad o la capacidad real de investigar y juzgar los crímenes de su competencia.
La CPI mantuvo durante décadas una vigilancia sobre Colombia, en particular frente a los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado.
En octubre de 2021, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, viajó a Bogotá y tomó la decisión de cerrar el examen preliminar sobre la situación de Colombia. El argumento fue que el país contaba con una estructura judicial interna para procesar los hechos del conflicto armado, particularmente a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Con el cierre del examen, Khan suscribió un Acuerdo de Cooperación con el Estado colombiano.Entre los compromisos asumidos por el Gobierno estuvo salvaguardar el marco constitucional de la JEP, asignar el presupuesto necesario para su implementación y prevenir interferencias con sus funciones.
El acuerdo también estableció compromisos relacionados con la seguridad y protección de jueces, fiscales y participantes en los mecanismos de rendición de cuentas, así como con la cooperación entre las diferentes entidades del Estado encargadas de estas labores, especialmente la Fiscalía y la JEP.
La relación con la CPI vuelve a estar en el centro de la discusión mientras, por otro lado, el Gobierno ha respaldado una propuesta para recortar recursos a la JEP.
A este escenario se suma la posición que ha adoptado Estados Unidos frente a la Corte Penal Internacional.
A mediados de agosto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los 19 países que integran la coalición del Escudo de las Américas que abandonaran la CPI.
La solicitud se presentó durante un foro de seguridad en Panamá, donde Hegseth cuestionó el papel del tribunal y lo señaló como una amenaza para la soberanía de los Estados.
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