Esta frase generó mucho revuelo hace casi 10 años, cuando algunas mujeres públicas la empleamos para denunciar la cultura de impunidad que imperaba en el país y el alarmante avance de la violencia sexual. Para mi sorpresa, más fue la indignación por la frase que por la realidad que se quería denunciar. Salvaguardar la "imagen" del país era más importante.
Una década después la realidad es escalofriante y la frase vuelve a cobrar vigencia. Sectores conservadores han hecho lo indecible por impedir la Educación Sexual Integral, han usado su poder político, económico y mediático para derrumbar los consensos mínimos en contra del uso de la violencia sexual como mecanismo de disciplinamiento, como ejercicio de poder de dominación, como vía de explotación y subordinación. Incluso han desatado una guerra contra la posibilidad de niñas y adolescentes de acudir a un aborto terapéutico en caso de embarazo por violación sexual.
Un excandidato presidencial y hoy candidato a la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, amenazó con violar sexualmente al presidente del JNE si no cumplía sus mandatos. Se tomó como un "arrebato" y no como una amenaza de violencia sexual. No pasó nada.
Los casos recientes del Liceo Naval y del artista plástico Luis Sifuentes, conocido como Mamanka, así como el constante abuso de niñas en Condorcanqui, ponen en evidencia el nivel de deterioro al que hemos llegado. No son casos aislados, no son sólo responsables los perpetradores, somos responsables como sociedad, con instituciones que permiten que la violencia sexual ocurra sistemáticamente y con impunidad.
Hay 10 estudiantes de último año – entre 16 y 17 años – detenidos por violar colectivamente a un compañero suyo. La razón conocida, un acto de disciplinamiento, una "sanción" por haber fallado un penal en un partido de fútbol.
El delito, porque esto no es un "hecho penoso" sino un delito flagrante, no fue denunciado por la institución educativa cuando tomó conocimiento, pese a que existe un protocolo que lo exige. Fue denunciado por la familia de la víctima un día después. En un programa de televisión, un familiar de la víctima denuncia que los perpetradores ya tenían varias denuncias previas de acoso y agresión, el llamado "bullying escolar". Quizá referirnos a la práctica en inglés hace que se desconecte de la mente el nivel de violencia que supone y no se asuma que es, finalmente, un delito también.
Los perpetradores de estos hechos son menores de edad por lo que la justicia penal tendrá que actuar conforme a ley. No tendrán la pena de un adulto, que en el caso de violación grupal si la víctima es menor de edad supone cadena perpetua, sino por un máximo de seis años. El código penal ha endurecido las penas por violencia sexual, en teoría buscando que se desincentive el delito, pero no ha logrado su cometido, en parte, porque muchas veces logran escapar de la pena.
En un programa de televisión el senador Rodrich de Fuerza Popular sostiene que este caso tiene resonancia "porque son hijitos de papá, hijitos de familias de clase media-alta, de un colegio privilegiado. Esto pasa todos los días en todos los colegios del Perú". Para el senador, pareciera ser normal que se viole colectivamente en los colegios, asume que esta es una práctica normal. Cómo es posible que nuestros representantes al conocer un hecho así simplemente busquen normalizar la situación y con eso quitarle relevancia.
Desde la cuenta de Criminalidad-Perú en X se ha dado cuenta del reporte oficial de denuncias de violaciones sexuales ante el MINEDU en los últimos 2 años en colegios. Sólo de Lima y el Callao son 89 y en lo que va del año van 24 casos. La realidad de violencia sexual no puede seguir normalizándose, requiere una atención urgente y drástica.
El senador Rodrich, en la misma entrevista señala "voy a decir algo que va a sonar feo, pero yo creo que Maranguita por un par de semanas no les haría daño a estos muchachos, para que aprendan a pagar lo que es una culpa". Esta mirada es la que está detrás de quienes desde el poder suelen plantear sanciones diferenciadas por clase social. Necesitan un escarmiento porque lo que han hecho es casi una travesura perversa, pero en su mirada no han cometido un delito, no han violentado el derecho a la integridad de un menor. El halo de impunidad empieza así.
Valentina denuncia que fue víctima de violación y explotación sexual, así como de trata de personas a los 14 años. Sostiene que llegó al Perú y fue esclavizada por Luis Sifuentes, alias "Mamanka", durante años. Fruto de la violación sexual quedó embarazada y dio a luz a los 15 años. Ella hoy tiene 21 y lucha por la tenencia de su hija.
¿Cómo es posible que una menor de 15 años de a luz en una institución médica y no haya un reporte a la Policía o a la fiscalía? ¿Cómo es posible que un adulto de más de 50 años registre oficialmente a una hija con una madre de 15 años y la RENIEC no haga una denuncia inmediata? Son las instituciones públicas peruanas las que resultan cómplices de la violencia sexual, las que permiten que con impunidad se explote sexualmente a niñas y los perpetradores caminen libres impunemente.
Como Valentina, muchas niñas indígenas son violadas sexualmente, explotadas sexualmente y víctimas de trata. Como se ha denunciado reiteradas veces, muchas veces por sus docentes ¿Qué hace el Estado peruano? ¿Desarrolla un programa especial de atención, reparación y eliminación de esta práctica? No, lo que hace es seguir nombrando ministros que buscan excusas para no actuar, que sostienen que la condena a una vida de violencia sexual es una práctica cultural.
El Estado peruano es cómplice, nuestras instituciones son cómplices y mientras sigamos como sociedad sin reaccionar, seguiremos siendo cómplices.
Perú, país de violadores.