El tribunal de paz de Colombia denunció este viernes una "estrategia" de "asfixia económica" respaldada por el presidente derechista Abelardo de la Espriella con un proyecto legislativo del oficialismo para recortar su presupuesto en más de 30 millones de dólares.
La Jurisdicción para la Paz (JEP), nacida del histórico tratado de paz con la guerrilla FARC en 2016, investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno de medio siglo en el país sudamericano.
De la Espriella prometió en campaña desmantelar el tribunal, que recibe duras críticas de sectores políticos que consideran blandas las penas contra exguerrilleros y rechazan las investigaciones contra la fuerza pública por crímenes de guerra.
El senador Enrique Gómez, del partido que llevó a De la Espriella a la presidencia, ingresó el jueves un proyecto para reducir en unos 31 millones de dólares el presupuesto estatal designado a la JEP, que califica como "la jurisdicción de la impunidad".
La iniciativa plantea trasladar esos recursos al sistema tradicional de justicia.
"¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!", escribió en la red social X el presidente De la Espriella al referirse al proyecto.
La propuesta "evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento" del tribunal mediante "asfixia económica", dijo el viernes en una declaración a medios el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, que llamó a la comunidad internacional a "frenar esta iniciativa".
El recorte propuesto representa "el más grave ataque" contra la "independencia y autonomía" del tribunal, agregó.
Las primeras condenas del tribunal de paz, anunciadas a mediados del año pasado, sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios a quienes reconocieron su participación y aportaron información para esclarecer la verdad histórica.
En una primera decisión, la JEP condenó a la cúpula de las FARC a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros.
Luego sentenció con una medida similar a un primer grupo de 12 militares en retiro por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de civiles.
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