Condenado a más de mil años de prisión en más de 80 sentencias confirmadas por la Corte Suprema de Chile, el exmilitar Miguel Krassnoff, de 80 años, está recluido desde 2005 como autor de secuestro, tortura y desaparición de personas durante la dictadura. En sus escritos no muestra arrepentimiento –"no necesito perdones ni favores", dijo recientemente en una carta–, y sigue justificando la represión del régimen de Augusto Pinochet.
Krassnoff es uno de los condenados por violaciones a los derechos humanos cuyos casos podrían ser objeto de un indulto que actualmente evalúa el presidente chileno, José Antonio Kast. El mandatario de ultraderecha y defensor de la dictadura señaló que analizará uno por uno, por razones humanitarias. La medida genera fuerte rechazo entre familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Como Krassnoff, la mayoría de los condenados por crímenes contra la humanidad en Chile "fueron juzgados por muchos casos, en muchos procesos", dice a DW Elizabeth Lira, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), de Chile. La académica de Psicología de la UAH indica que "es muy conflictivo para el concepto de institucionalidad y de seguridad que las disposiciones civilizadas de un país, de procesar a quienes tienen responsabilidades sobre crímenes atroces, sean suplantadas por una decisión política del ejecutivo".
"Desde una perspectiva histórica y de proyección de futuro, me parece una pésima señal el pensar que los crímenes contra la humanidad se pueden indultar, porque eso contraviene además el compromiso estatal de dar garantías de no repetición", advierte Elizabeth Lira.
En Argentina, represores como Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, continúan cumpliendo sus penas en prisión. (Imagen de 2011)Victor R. Caivano/AP Photo/picture alliance
"Medidas de impunidad tan fuertes como un indulto generan un gran costo político para los gobiernos, incluso para los de derecha. Los juicios en Chile y en Argentina, incluso con sus dificultades, son procesos bastante consolidados", indica a DW Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas. Asimismo, frente a indultos u otros beneficios no contemplados por la ley, "hay una posición unánime de rechazo", agrega la también vicepresidenta del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina.
Por su parte, Rainer Huhle, del Centro de Derechos Humanos de Núremberg, considera que la posibilidad de un indulto a un condenado por crímenes de lesa humanidad requiere de reciprocidad: "Es decir, un beneficio que pueden esperar las víctimas: una confesión del condenado de que lo que hizo fue un crimen, un reconocimiento de la culpa, pedir disculpas y tratar de reparar. Y lo mínimo de la reparación es decir la verdad sobre lo que hizo y entregar el paradero de las personas desaparecidas", señala a DW. "De otra manera, son unos actos aparentemente humanitarios, pero con mucho sabor a impunidad", subraya.
En cuanto a la posibilidad de penas rebajadas, indica que se requiere de un proceso, como ocurrió en Colombia: "Si pensamos en la Jurisdicción Especial para la Paz, hubo penas muy rebajadas, pero a cambio de un fuerte reconocimiento de decir la verdad y pedir disculpas. Sin eso, liberar a los criminales más altos me parece inadmisible".
En paralelo, un proyecto de ley impulsado por senadores de derecha en Chile podría dar el beneficio de prisión domiciliaria, bajo ciertas condiciones, a quienes sufran problemas serios de salud y a los mayores de 70 años. Tendría, por un lado, un fin humanitario y, por otro, descongestionar las cárceles. Los críticos de esta reforma argumentan que beneficiaría a criminales de la dictadura.
En general, las legislaciones vigentes consideran que una persona gravemente enferma, que necesita un tratamiento médico con acompañamiento permanente, pase a reclusión en otro establecimiento o en el hogar. "En todos los países eso es lo normal. Uno se pregunta con qué fin se necesita una nueva ley para eso", cuestiona Huhle. "Si el beneficio de salir de la cárcel es por un problema de salud bien acreditado por médicos independientes, es una norma humanitaria y no lo llamaría una medida de impunidad. Lo importante es estar seguro de que ese es el único motivo, porque hemos visto que las enfermedades también se pueden fingir. Todos los chilenos se acuerdan bien de la llegada de Pinochet a Chile deshaciéndose del bastón", añade.
"Todos los chilenos se acuerdan bien de la llegada de Pinochet a Chile deshaciéndose del bastón", dice a DW Rainer Huhle, del Centro de Derechos Humanos de Núremberg. (Imagen de 1998).Cris Bouroncle/AFP
En cuanto a permitir la prisión domiciliaria a partir de cierta edad, "es una cuestión que hay que analizar muy detalladamente, porque la pura edad no es una enfermedad y de por sí no puede ser justificación para la liberación de un condenado por crímenes de lesa humanidad", observa Huhle.
Distinto es el caso de algunos países, donde esta norma para toda la población penal ya está incorporada en la legislación. En Argentina, para otorgar el beneficio por edad, los jueces deben analizar en cada caso consideraciones como el riesgo de fuga y de obstrucción a la investigación judicial, explica Torras. En los últimos años la tendencia ha sido aceptar las solicitudes de condenados por violaciones a los derechos humanos. "Se han negado en casos puntuales, emblemáticos, de represores cuyos delitos quedaron impresos en la opinión pública por el tipo de delito y la actitud que tuvieron con posterioridad. Hoy prácticamente el 90% de los condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Ante ello, la posición de las organizaciones de Derechos humanos no ha sido unánime", indica Torras.
Otra consideración, advierte Lira, es que en Chile muchos de los reos por violaciones a los derechos humanos "no tienen condiciones para volver a sus propias familias, porque los han dejado o no quieren hacerse cargo de ellos. La única alternativa que tiene el Estado es tenerlos presos o en otras condiciones". Eso implica un riesgo y un desafío.
No solo en Chile hay controversia. En medio de la ola de gobiernos derechistas en América Latina, surgen disputas por la revisión de la memoria y las consecuencias jurídicas de los crímenes. Los gobiernos han optado por la estrategia de reducir el presupuesto a las políticas públicas y así desmantelar los programas. También se busca revisar los guiones museográficos e incluso se ha puesto a negacionistas en cargos clave, con la idea de intervenir en las narrativas sobre el pasado reciente.
El Lugar de la Memoria (LUM), en Lima, recoge la memoria del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000. Su relato y su futuro se han convertido en objeto de disputa política.Dreamstime/IMAGO
"Un momento dramático se está dando en Perú, donde se quiere cambiar la narrativa del Lugar de la Memoria, que fue una conquista muy importante de las víctimas de los crímenes de Estado durante la guerra interna y la dictadura de Fujimori. Ahora hay un discurso abiertamente contrario, que busca negar estos crímenes, reconociendo únicamente los de la subversión. Hay una anticultura de la memoria histórica", alerta Huhle.
Lira advierte que "cuando se erosionan las modalidades acordadas para resolver el conflicto y generar condiciones de paz, y la capacidad política de instancias para recuperar la memoria, existe un riesgo muy grande de que se restablezcan modos de violencia que se esperaban resueltos". En ese sentido, ve con preocupación la reducción de financiamiento para el proceso de paz en Colombia y las políticas de memoria en Argentina. En Chile, en tanto, se recortó el presupuesto del Plan Nacional de Búsqueda (de desaparecidos) y se frenó la expropiación de la ex Colonia Dignidad, donde se esperaba levantar un sitio conmemorativo.
"Tengo una desesperanza muy grande con respecto a todo esto, porque es como si la gente que hoy gobierna fuera muy ignorante de la historia, o hubiera decidido ignorar las consecuencias de no considerar esa historia, por sus propias posiciones políticas", lamenta la académica chilena.
Si en octubre de 2026 gana las elecciones en Brasil Flavio Bolsonaro, habría en toda América Latina una hegemonía de la derecha. Sgún expertos, eso podría profundizar las disputas por las narrativas del pasado, incluso con enfoques derechamente negacionistas o que hacen apología de los pasados autoritarios.Bruna Prado/AP Photo/dpa/picture alliance
Por su parte, Torras considera que el impacto no necesariamente va a ser solo negativo: "Muchas veces, frente a gobiernos tan reaccionarios en sus posiciones en estos temas, se generan fuertes movimientos de resistencia en las sociedades". La directora de Memoria Abierta advierte que "si llega a darse el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil el próximo mes, sería la primera a vez en 50 años que toda la región de América Latina tendría una hegemonía de la derecha extrema. Una situación así no se vive desde la etapa en que tuvimos dictaduras y gobiernos autoritarios". En ese contexto, podrían profundizarse las disputas por las narrativas, incluso con enfoques derechamente negacionistas o que hacen apología de los pasados autoritarios.
En este escenario, el mayor impacto se verá en las políticas públicas que dependen del ejecutivo. En el área judicial, en tanto, el avance revisionista debería ser más limitado, estima Torras, porque implica mayor riesgo de exposición y pérdida de reputación a nivel internacional para estos gobiernos.
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(ms)