La educación es la parte del pacto constitucional que atraviesa generaciones. No pertenece a gobierno, ni a partido, ni a ideología. Pertenece a los niños y jóvenes que hoy están en las aulas y que mañana sostendrán la vida democrática, económica y cultural del país. La educación retrocede, eso muestran los resultados de PISA 2025, recién presentados por la OCDE.
México ha sufrido un retroceso vertiginoso en matemáticas y lectura, y un avance marginal en ciencias que no cambia el panorama general. Los datos son contundentes: 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. Pero más allá de los números, lo que preocupa es la tendencia: México está peor que en 2022, peor que en 2018, peor que en 2009. Y lo más grave: 41.8% de los estudiantes no alcanzan el nivel básico en las tres áreas evaluadas. Casi la mitad de nuestros jóvenes de 15 años no domina las competencias mínimas para participar plenamente en la vida contemporánea.
En educación "se avanza en micras y se retrocede en kilómetros" idea de José Woldenberg que aplica en democracia. Y México está retrocediendo kilómetros. ¿Por qué? La respuesta no es simple, pero sí clara. El país desmanteló su ecosistema de evaluación.
Eliminó instituciones, suspendió mediciones, debilitó programas de formación docente y sustituyó la política educativa por una narrativa ideológica. La Nueva Escuela Mexicana, NEM, se implementó sin evidencia, sin pilotos y sin acompañamiento suficiente. La reforma curricular se presentó como una transformación histórica, pero llegó sin brújula técnica y sin mecanismos de corrección. PISA 2025 es la primera medición posterior a su implementación y coincide con la caída más pronunciada en matemáticas y lectura en más de una década.
La educación mexicana perdió continuidad. Y la continuidad es la materia prima del aprendizaje. Ningún país mejora cuando cambia de modelo cada sexenio, cuando destruye lo que funciona, cuando improvisa lo que debería planearse con años de anticipación. La educación requiere estabilidad, acumulación y paciencia. Requiere instituciones que sobrevivan gobiernos de partido y políticas que sobrevivan las coyunturas.
Requiere algo más profundo: responsabilidad constitucional. El artículo 3º no es una declaración aspiracional; es una obligación jurídica. El Estado debe garantizar el máximo logro de aprendizaje. Y hoy, con los resultados de PISA 2025, es evidente que esa obligación no se está cumpliendo.
La brecha socioeconómica es otro factor que agrava el panorama. En ciencias, los estudiantes favorecidos obtienen 68 puntos más que los desfavorecidos. La escuela pública, que debería ser el gran igualador social, está fallando en su misión más básica: compensar las desigualdades de origen. Cuando la escuela no corrige la desigualdad, la reproduce. Y cuando la reproduce, la democracia se debilita.
¿Qué hacer? La respuesta exige una visión de Estado, no de gobierno. Lo primero es reconstruir el sistema nacional de evaluación. Sin mediciones no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay política pública. Lo segundo es reinstalar programas remediales en matemáticas y lectura. No podemos esperar a la siguiente generación para corregir lo que ya está afectando a la actual. Lo tercero es revisar técnicamente el currículo de la NEM. No se trata de regresar al pasado, sino de corregir lo que no funciona y fortalecer lo que sí.
A mediano plazo, México necesita un Instituto Nacional de Aprendizaje y Prospectiva Educativa. Un organismo que piense la educación a diez, veinte y treinta años. Un organismo que no dependa de la coyuntura política y que tenga la capacidad técnica para orientar decisiones de largo plazo. También necesitamos estándares nacionales de desempeño docente, integración del pensamiento computacional desde primaria y vinculación del presupuesto educativo a resultados verificables.
La educación no puede seguir siendo un campo de disputa ideológica. Debe ser un territorio de evidencia, de continuidad y de responsabilidad. PISA 2025 no es un castigo ni un juicio; es una advertencia. Nos dice que estamos retrocediendo y que, si no corregimos ahora, el retroceso será irreversible.
México tiene talento, tiene maestros comprometidos y tiene estudiantes resilientes. Lo que falta es sistema. Y el sistema se construye con instituciones, con políticas basadas en evidencia y con visión de futuro.
El dilema, entonces, no es sólo educativo: es ético y republicano. Cada generación que egresa sin los aprendizajes indispensables representa una promesa constitucional incumplida y una oportunidad de país que no vuelve. México debe asumir la educación como una responsabilidad permanente del Estado, con instituciones sólidas, evaluación independiente, presupuesto suficiente y decisiones sostenidas más allá de los ciclos políticos. El futuro no se resolverá con discursos ni con reformas sexenales, sino con la voluntad colectiva de garantizar que ningún estudiante quede condenado por su origen. PISA 2025 señala el punto de partida; la ética educativa exige corregir el rumbo, y la responsabilidad de Estado obliga a hacerlo ahora.