Ciudad de Panamá, 25 sep (EFE).- La Fiscalía de Panamá recibió entre enero y agosto pasado 4.599 denuncias de abuso sexual y en el 78 % de los casos la supuesta víctima es menor de edad, un dato revelado por el fiscal general, Luis Carlos Gómez, que no sorprende a activistas consultados por EFE, que reclaman desde hace tiempo más prevención.
Aunque en las estadísticas que publica el Ministerio Público (MP, Fiscalía) se observa que la cifra marca un alza del 13 % frente a las 4.072 de igual período de 2025, el desglose no precisa cuántos casos en total afectan a menores de edad, de allí que se destaque el dato hecho público por el fiscal general esta semana.
Del total de denuncias por delitos sexuales presentadas en los primeros ocho meses de 2026, "un 78 %" implica a menores, "encontrándose el rango de mayor denuncia propiciada en víctimas entre los 15 a 17 años, lo que representa un 42 % de las estadísticas", afirmó Gómez.
El fiscal general aclaró que el alza del 13 % en el número de denuncias "no significa necesariamente, por sí solo, un aumento equivalente en la ocurrencia" del delito, pero sí "puede expresar una mayor disposición de las víctimas, sus familiares o su entorno para comunicar los hechos".
Puede interpretarse, asimismo, "como una mayor confianza en las instituciones y en todos aquellos mecanismos establecidos para poder recibir la denuncia, darle un tratamiento cónsono y de respeto para la identificación del acto delictual y su responsabilidad", agregó.
Gómez reveló estos datos nacionales durante un acto organizado por la Iglesia católica en el que el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, pidió perdón por las 24 denuncias de abuso sexual a menores y personas vulnerables recibidas por la Arquidiócesis de Panamá entre 2002 y 2025, según reveló un informe de una comisión independiente.
El reverendo Jordi Pujol, coordinador de la comisión independiente, afirmó que aunque el informe describe 24 casos, saben "que no son todos".
"En Panamá las cifras oficiales de violencia sexual solo reflejan una parte (de lo que ocurre). (...) Pero el miedo, la vergüenza, la dependencia y el temor a no ser creído hace que muchos casos no lleguen nunca a contarse", dijo Pujol.
Un país que solo reacciona, sin prevención
La abogada y activista Suky Yard, de la Fundación Vida Mujer, dijo a EFE que "dolorosamente" no le extraña el alza de las denuncias de agresiones sexuales a menores, un fenómeno que la ONG que dirige viene denunciando desde hace tiempo.
Es por ello que ve "con preocupación" lo que a su criterio ocurre en Panamá: la aparente "desconexión entre cuáles son las acciones preventivas a tomar" y las instituciones encargadas de ejecutarlas.
Las leyes vigentes establecen que las instituciones deben trabajar coordinadamente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, "pero no existe hasta este momento, que yo conozca, un programa emitido, por ejemplo, por las autoridades locales que en conjunto con las instituciones regentes vayan a los sectores, a las comunidades, a las escuelas, a hablar de prevención", declaró Yard.
Las campañas de prevención tendrían efecto para atacar, entre otros, la sexualización de las niñas, o la actitud dentro del hogar, donde por desgracia ocurren abusos sexuales.
Según las estadísticas del Ministerio Público, entre enero y agosto pasados se registraron 177 denuncias de violación doblemente agravada, como se tipifica cuando el delito lo comete alguien del entorno familiar.
La prevención también combate el embarazo adolescente, que muchas veces es producto de una violación, lo que incrementa las secuelas que de por vida dejan estos delitos en las víctimas.
Según el más reciente informe de Unicef, de 2025, sobre el estado de la niñez en Panamá, las niñas menores de 18 años representan la gran mayoría de casos de violencia sexual reportados y más de 14.000 adolescentes son madres en este país, cuya tasa de embarazo adolescente es el doble de las de Costa Rica y Uruguay.
"Estamos hablando de niños y niñas (víctimas de abuso sexual) a los que su futuro se les destruye y que, encima, nuestro país no tiene un programa de ayuda psicológica para ayudarles a enfrentar el daño que se les ha hecho", aseguró la activista.
Giovanna Ferullo Mena
(c) Agencia EFE