México quiere que su próxima infraestructura satelital haga más que llevar Internet a las comunidades remotas, donde el mismo gobierno federal estima que habitarían unos 16 millones de mexicanos.
Ahora, el gobierno plantea utilizar la infraestructura satelital como un transporte para redes celulares, conectar escuelas y hospitales, y para soportar también servicios de telemedicina, protección civil e Internet de las cosas (IoT).
El Programa Espacial Mexicano 2026-2030 prevé adquirir un nuevo satélite de banda ancha e integrarlo con las redes terrestres gubernamentales.
Así, para las localidades con poca población, el transporte satelital podrá utilizarse además como respaldo de redes 5G y como enlace para sensores y dispositivos conectados.
La estrategia supone también aumentar la capacidad satelital provista por el Estado de 641.6 MHz en 2026 a 864 MHz en 2030, un crecimiento de 34.7 por ciento.
El objetivo no es sustituir las redes terrestres, sino complementar su alcance en lugares donde la dispersión poblacional, la orografía o la baja rentabilidad dificultan llevar fibra óptica o infraestructura móvil.
México apuesta por esa complementariedad cuando la banda ancha satelital todavía representa una fracción pequeña de las conexiones fijas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó ahora que el satélite concentraba apenas 0.7% de las suscripciones de banda ancha fija entre sus países miembros durante el año 2023, aunque anticipa un crecimiento impulsado por las constelaciones de órbita baja.
Y de acuerdo con el documento The Space Economy at a Glance 2026 de esta organización, esa experiencia introduce una diferencia importante para la estrategia mexicana:
Tener cobertura desde el espacio no equivale a tener usuarios conectados.
El precio, las terminales, la infraestructura terrestre y las condiciones de competencia también determinan la adopción.
México pretende elevar de 68.5 a 90% la proporción de población rural usuaria de Internet hacia 2030.
Son 21.5 puntos porcentuales adicionales frente al indicador de 2024 y forman parte de una brecha nacional en la que más de 20 millones de personas mayores de seis años permanecen desconectadas.
Por ello, aumentar de 641.6 a 864 MHz la capacidad satelital estatal tampoco garantizará por sí mismo el cumplimiento de la meta. Todavía harán falta terminales, instalación, mantenimiento, energía y esquemas que permitan pagar el servicio.
El gobierno mexicano ya define algunos de los trabajos que espera encargar a la infraestructura espacial, pero todavía no permite dimensionar cuánto costará construir ese nuevo brazo de conectividad.
El Programa Espacial Mexicano no precisa hasta hoy el costo económico definitivo del nuevo satélite, su calendario de contratación, la órbita prevista ni su modelo de operación.
Tampoco establece qué proporción del objetivo de alcanzar 90% de conectividad rural dependerá directamente del sistema satelital.
Queda igualmente por definir cuánto aportará infraestructura propia del Estado y cuánto podría contratarse a los operadores privados. La política satelital del gobierno federal para el año 2023 ya contemplaba evaluar distintas fórmulas de negocio y financiamiento para nuevas generaciones de satélites y terminales.