Ciudad de Guatemala, 9 sep (EFE).- Más de 57.000 expedientes que documentan ejecuciones, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) son sometidos a un proceso de rescate ante el deterioro que amenaza al único archivo estatal dedicado específicamente a las víctimas de la guerra.
Especialistas contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) trabajan actualmente en la conservación de los documentos, según detallaron esta semana a EFE fuentes del organismo regional.
El acervo, compuesto por cerca de cinco millones de hojas, cobra especial relevancia porque más de la mitad de las víctimas registradas en el antiguo Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) quedaron pendientes de recibir reparación antes de que la institución cerrara sus operaciones.
"Este archivo es el único estatal que habla del periodo de las víctimas y de las graves violaciones a los derechos humanos a cargo del (Organismo) Ejecutivo", explicó a EFE Lisbeth Barrientos, coordinadora técnica del proyecto por parte de las agencias de la ONU.
El conflicto armado guatemalteco se prolongó durante 36 años y dejó más de 200.000 personas asesinadas y unas 45.000 desaparecidas, principalmente integrantes de población indígena.
Informes independientes atribuyen a las fuerzas estatales y grupos vinculados a ellas más del 90 % de las violaciones documentadas durante la guerra civil, una de las más sangrientas que vivió Latinoamérica durante el siglo XX.
Un archivo amenazado
Los expedientes quedaron en una situación especialmente vulnerable después de que el Programa Nacional de Resarcimiento fuera clausurado formalmente en diciembre de 2023, cuando expiró su marco legal de funcionamiento.
La custodia legal y administrativa de las instalaciones pasó posteriormente al Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Desarrollo Social (Fodes).
Sin embargo, el almacenamiento prolongado de los documentos bajo condiciones ambientales adversas y sin los mecanismos adecuados de conservación favoreció la aparición de hongos, bacterias y corrosión en parte de los folios.
Ante el riesgo de pérdida irreversible, un equipo multidisciplinario contratado por el PNUD y la Unesco, con recursos de cooperación internacional, desarrolla labores de recuperación y conservación física de la documentación.
La importancia del archivo, sin embargo, va más allá de determinar quiénes tienen pendiente una indemnización.
Barrientos explicó que los documentos poseen "múltiples vocaciones" históricas y judiciales, ya que pueden contribuir a reconstruir lo ocurrido durante el conflicto, identificar víctimas y aportar información para procesos relacionados con memoria, verdad y justicia.
"Permiten localizar información de personas ejecutadas o desaparecidas, tanto adultos como niños, y documentar el daño al tejido social de las comunidades", afirmó.
El rescate de la documentación también adquiere relevancia ante la situación de miles de víctimas que iniciaron solicitudes de resarcimiento y cuyos casos quedaron sin concluir.
Agustín Cux Chan, quien es excoordinador del extinto Programa Nacional de Resarcimiento, explicó a EFE que solamente el 49 % de las personas que solicitaron una compensación como víctimas llegaron a ser resarcidas antes del cierre del programa.
Según el exfuncionario, estos casos pendientes deberán ser considerados dentro de las nuevas acciones de reparación integral previstas para las víctimas, por lo que la preservación y sistematización de los expedientes resulta indispensable para determinar quiénes fueron registrados y qué ocurrió con sus solicitudes.
(c) Agencia EFE