Ciudad de México, 8 sep (EFE).- La reciente decisión del Tribunal Supremo de España de suspender cautelarmente el derecho al voto de las personas nacionalizadas por la "ley de nietos" hasta acreditar que son descendientes directos de exiliados ha sido recibida este martes con un marcado desconocimiento y dudas a las puertas del Consulado General de España en la Ciudad de México.
La resolución judicial ordena paralizar las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para los nuevos ciudadanos hasta que los consulados certifiquen formalmente el cumplimiento del requisito de exilio, endureciendo la supervisión burocrática sobre miles de expedientes en trámite en el extranjero.
Durante la jornada, la mayoría de los ciudadanos que acudieron a la sede consular en la capital mexicana reconocieron desconocer el alcance de la decisión judicial y continuaron sus gestiones bajo la rutina habitual.
Entre los testimonios recogidos por EFE, Andrea Villaseñor, una joven que obtuvo la nacionalidad como bisnieta de exiliados republicanos, admitió desconocer el ajuste legal impulsado por el tribunal español pero consideró comprensible que se busquen mecanismos de control en la concesión de permisos.
"Complicarlo puede ser perjudicial para algunas personas", reconoció
Por su parte, Alfredo Cimental, nieto de un exiliado republicano que llegó a México tras pasar por un campo de concentración en Francia, valoró de manera positiva que se mantenga el filtro para verificar el exilio real de los antepasados, sugiriendo que la restricción debe enfocarse estrictamente en la participación electoral de quienes no residen en territorio español.
"Si no vives tanto tiempo en España. O sea, por ejemplo, yo si no he vivido allá los tres últimos años, ¿por qué voy a votar? No conozco al candidato", dijo Cimental.
En abril, durante su visita al Consulado español en México, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, indicó que había la oficina había recibido más de 117.000 solicitudes, el país con más peticiones tras Argentina.
La ley de nietos, dictada en 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España y que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
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