Quito, 8 sep (EFE).- La decisión del Tribunal Supremo de España de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de parte de los nacionalizados a través de la denominada 'Ley de Nietos' ha generado contrariedad tanto en españoles residentes en Ecuador como ecuatorianos nacionalizados que aspiran a residir en España.
"Si ya son españoles, son españoles. No existen españoles de segunda. Todos tenemos unos derechos. No es conveniente", afirmó a EFE Javier Rivas, un español de 50 años que reside en Ecuador desde hace 18 años, a las puertas del Consulado General de España en Quito.
También a las puertas del consulado se encontraba Génesis López, una ecuatoriana de 26 años que adquirió la nacionalidad española en 2017 a través de su padre ecuatoriano, también nacionalizado español por su tiempo como residente en España.
Aunque ella no está afectada por la decisión del Tribunal Supremo de España, aseguró que tiene interés en participar eventualmente en las elecciones españolas, pese a que hasta ahora no ha acudido a votar en ninguna cita electoral.
"Siempre he votado aquí, en (las elecciones de) Ecuador", dijo López en referencia a los comicios ecuatorianos, donde el voto es obligatorio para mayores de edad.
En Ecuador residen cerca de 60.000 españoles, la gran mayoría migrantes que nacieron en Ecuador y que adquirieron la nacionalidad española por su tiempo de permanencia en España, desde donde luego regresaron a su país de origen, sobre todo tras la crisis económica de 2008.
El Tribunal Supremo español ha suspendido temporalmente las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de hijos o nietos de exiliados españoles.
La ley de nietos, dictada en 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España y que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Una semana después de entrar en vigor, el Gobierno de España aprobó una instrucción donde se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955, lo que coincide con la Guerra Civil española y el periodo de post-guerra.
Contra ello han presentado recursos los partidos Iustitia Europa y el ultraderechista Vox, que han sido acogidos por el Tribunal Supremo con esta medida cautelar para que solo sean inscritos en el CERA los españoles nacionalizados conforme a los requisitos de la ley y no conforme a la interpretación del Gobierno, hasta que emita una sentencia al respecto.
Un total de 2,4 millones de descendientes de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil española (1936-1939) o por la persecución de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) han solicitado la nacionalidad española a través de esta vía, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.
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