El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien estuvo en agosto, en Panamá, cuando Colombia se sumó al Escudo de las Américas, ahora llega a Barranquilla para empezar su gira —luego irá a Perú y a Ecuador— con el fin de impulsar las prioridades de Estados Unidos en la lucha contra las drogas en países ahora afines a Donald Trump.
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Pero, ¿qué significa para el país hacer parte de esa iniciativa de Estados Unidos? Justamente, la expectativa de la reunión de alto nivel entre Abelardo de la Espriella y Rubio es responder preguntas que quedaron de ese acuerdo.
El 12 de agosto, el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, firmaron el ingreso del país a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C). Según el Ministerio de Defensa, la decisión "reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y las demás amenazas" a la seguridad.
En ese entonces, Hegseth habló de que Colombia había autorizado "operaciones militares conjuntas" para atacar a los grupos narcoterroristas en el país. El anuncio generó tremendo revuelo en el Congreso, pues es el Legislativo quien debe permitir o no la entrada de tropas extranjeras al país, como lo indica la Constitución.
Sin embargo, casi un mes después, el Gobierno no se ha referido al respecto. Y fuentes consultadas por este medio indican que esa autorización de operaciones militares conjuntas, al menos con tropas de EE. UU., no se habría dado.
Pero en la práctica sí se ha mantenido una cooperación con EE. UU. en materia de seguridad. Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO señalan que, por ejemplo, para encontrar a alias Bendito Menor el FBI tuvo un papel clave. Fueron los norteamericanos los que habrían diseñado el plan para obligar a "Bendito Menor" a que usara su celular el tiempo requerido para rastrearlo, difundiendo en los bajos fondos de La Guajira el rumor de que sus propios hombres lo habían matado.
Es decir, aún incierto cuál es el alcance de esa cooperación que se pactó al ingresar al Escudo de las Américas.
https://x.com/SecWar/status/2087659358750474341?ref_src=twsrc%5Etfw
Para el investigador y politólogo Luis Fernando Trejos, experto en relaciones internacionales, este acuerdo no se trata de una puerta abierta para que EE. UU. intervenga directamente dentro de los países miembros.
Lo que sí contemplaría el Escudo de las Américas es una arquitectura de cooperación: alineación de estrategias entre los países, intercambio de inteligencia y de información sensible, y coordinación de acciones frente a amenazas compartidas —principalmente el narcotráfico y las estructuras de crimen organizado transnacional—.
Trejos insiste en que, hasta ahora, "no hay nada nuevo" en esos dos objetivos declarados por Washington. "Lo que genera incertidumbre es el cómo: si habrá asesores extranjeros en el terreno, si la cooperación se limitará a información, si incluirá entrega de equipos...". Todas estas son cuestiones que, indica Trejos, deberían ser resueltas tras la visita de Rubio a Colombia y comunicadas oficialmente por el Ejecutivo.
Cabe señalar que, durante el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia y Estados Unidos firmaron en 2009 un acuerdo que permitía ampliar el acceso de personal estadounidense a siete instalaciones militares colombianas. En 2010, la Corte Constitucional determinó que ese acuerdo no podía producir efectos en Colombia porque debía haber pasado por el Congreso.
Consultados por este medio, analistas coinciden en que buena parte de lo que ya existe —y de lo que previsiblemente se profundizará bajo el Escudo de las Américas— no requiere aval legislativo.
Por ejemplo, transferencia de equipos de inteligencia, de aviación o vehículos blindados, que operan como donaciones del gobierno estadounidense al colombiano; y la reactivación de canales de intercambio de información que se cerraron hacia el final de la administración anterior, y que sería lo que ya está viendo el país.
A esto se suma la cooperación técnica en seguridad, que tiene ya un historial largo entre los dos países y no representa, en sí misma, una novedad.
Lo que sí exigiría paso obligado por el Congreso, insisten, es la participación directa de efectivos del Ejército de Estados Unidos.
Sin embargo, sobre el tema de, por ejemplo, cooperación con drones, no hay alguna mención explícita en la Constitución, redactada mucho antes de que existieran los drones militares modernos.
Para el analista Gabriel Cifuentes, este tema "puede ser una zona gris de interpretación legal". Y depende de cómo se desarrolle. Sin embargo, señala que "sí el dron, por ejemplo, está siendo operado desde los Estados Unidos por parte de oficiales norteamericanos, en todo caso sí se abarcaría la necesidad de que el Congreso lo avale".
La razón, explica Cifuentes, es que la operación de ese dron, eventualmente, quedaría por fuera de las competencias del presidente de la República, que es el único que tiene la facultad constitucional de comandar operaciones militares en el país como comandante en jefe de las Fuerzas Militares.
Y es que el tema de los drones es relevante porque a mediados de agosto se conoció que Colombia acordó con Estados Unidos la llegada de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper como parte de los nuevos acuerdos de cooperación en seguridad.
Las aeronaves llegarían inicialmente bajo la modalidad de préstamo, luego de la visita a Estados Unidos del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, y serían incorporadas a las operaciones de las Fuerzas Militares.
Trejos menciona que también debe darse claridad sobre el anuncio de Ecuador de realizar acciones conjuntas con Estados Unidos en la zona de frontera.
Aunque la configuración actual de bancadas sugiere mayorías favorables al gobierno —en caso de necesitar la aprobación dentro de acuerdos hechos en el marco del Escudo de las Américas—, esa lectura sigue siendo, por ahora, una suposición.
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